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Amenaza Presidencia a ciudadanos que denunciaron a Felipe Calderón en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad


>>Imputaciones infundadas, improcedentes, falsas y calumniosas, dice el comunicado emitido en la Residencia de Los Pinos
>>Inaceptable que gobierno federal pretenda sancionar y reprimir por usar el derecho de acudir a instancias internacionales para dirimir pacíficamente controversias, explica jurista
El 25 de noviembre la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una denuncia contra Felipe Calderón por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. Dos días después, la Presidencia de la República respondió en el comunicado CGCS-196, emitido que rechaza "categóricamente" las imputaciones que "un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional" y las califica como "falsas y calumniosas".

Entre el grupo de abogados, activistas, periodistas y ciudadanos que busca que la Corte Penal Internacional juzgue a Calderón por los efectos de la ‘guerra’ contra el narco están el investigador John Ackerman; el abogado redactor, Netzaí  Sandoval; los periodistas Sanjuana Martínez, Pedro Miguel, Julio Sherer Ibarra; los ‘moneros’ del diario La Jornada, Rafael Barajas, Antonio Helguera y José Hernández; el productor Epigmenio Ibarra. La denuncia es acompañada por un total de 23 mil firmas ciudadanas.

La petición de juicio penal internacional también está dirigida contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, Secretario de Defensa; Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina, y contra el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entre otros.

En el comunicado de la Presidencia, el gobierno federal justifica la intervención de "fuerzas Federales" para atender el "clamor de ayuda" de muchos ciudadanos y la petición expresa de gobierno estatales para luchar contra el crimen organizado.

La Presidencia asegura que las fuerzas Federales (el Ejército o la Marina no es mencionado explícitamente en el comunicado, por lo que se entiende que este término incluye a las instancias castrenses) cumplen con sus deberes constitucionales y legales y ayudan en las tareas en el "establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos", siempre "con pleno respeto a la ley, a las garantías individuales y a los derechos humanos de todas las personas".

El gobierno federal reconoce que ha habido acciones "al margen de la ley", pero que "tales violaciones, que por supuesto son repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, no son, de ningún modo, sistemáticas, ni mucho menos resultado de una política institucional". 

Considera "absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas".

Tan seguro está Felipe Calderón de que su gobierno no comete violaciones a los derechos humanos sistémicas, que se ha indignado por las "calumnias" del grupo de ciudadanos que impulsan la denuncia y por ello anuncia que habrá represalias:

"Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales"

Netzaí Sandoval en la CPI en La Haya.
foto en nota de: El Sol de la Laguna
Fue el jurista Netzaí Sandoval quien entregó el 25 de noviembre en La Haya, en los Países Bajos, un expediente con "700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico", según reporta proceso.com.mx.

Sobre las posibilidades del juicio, existe la posibilidad de "que el fiscal determine, tras el análisis de los documentos proporcionados, que la acusación no es procedente, lo que no impediría que en futuro pudieran plantearse acusaciones parecidas, siempre y cuando aportaran nuevos elementos. Una decisión de la fiscalía en esa dirección se conocería en los próximos meses", explica la nota de proceso.com.mx.

Entrevistado hoy en Primera Emisión (noticiasMVS), con Carmen Aristegui, el abogado Netzaí Sandoval habló desde Madrid sobre la reacción de la Presidencia de la República a la denuncia en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

La decisión que anunció la Presidencia "va a dejar solo al gobierno mexicano".Netzaí que con su postura, el gobierno federal ahora está cuestionando el derecho de la sociedad mexicana para acudir a instancias internacionales.

Nadie va apoyar, asegura el jurista, a un gobierno que busca sancionar y reprimir a quienes buscan por vías pacíficas dirimir controversias. Considera que sería muy grave que Calderón cumpla esas amenazas de persecución por partre de su gobierno.



RECULAN... A MEDIAS (*Actualización 18:00 hrs)


A través de animalpolitico.com nos enteramos que la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, salió a "aclarar" (acción que nos recuerda las frecuentes "aclaraciones" que tenía que realizar Rubén Aguilar sobre los dichos de su jefe, Vicente Fox") el comunicado de la Presidencia que causó revuelo toda la mañana por su controversial amenaza. Tomamos íntegros algunos párrafos de la nota "El gobierno no procederá contra los demandantes de La Haya":

“El gobierno no procederá contra las 29 mil personas” que firmaron la queja presentada contra el presidente Felipe Calderón y algunos de los miembros del gabinete de seguridad por supuestos delitos de lesa humanidad ante la CPI, aclaró en entrevista con Denisse Maerker para Radio Fórmula, Alejandra Sota, vocera de Presidencia.

Explicó que entre las opciones que analiza el gobierno federal para responder a la queja presentada el viernes pasado ante la CPI, es que cada uno de los funcionarios aludidos en la misma tenga la libertad de demandar a los responsables.

“El gobierno no procederá contra personas que critican las políticas públicas”, aseguró Sota, pero puntualizó que “el presidente, al igual que los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Público no sólo tienen el derecho de defender esa libertad y su honor, sino también el deber de defender a las instituciones”.

En ese sentido, adelantó que “va a quedar a la reflexión de y a la decisión personal de cada servidor público” el imponer a no una demanda contra quienes presentaron la queja ante la CPI, con sede en La Haya, Holanda, para defender su honor.

“Debe haber justicia para que si se acusa de asesino al Presidente, éste tenga todo el derecho a defenderse y hacer las demandas correspondientes  contra quien haya hecho la acusación”, agregó la funcionaria federal.

Comentarios

  1. Hormiga Roja5/12/11 21:18

    Aun no me queda claro en que se basan las acusaciones ante la Corte Penal Internacional en contra de Calderon. Lo que evidentemente son crimenes contra la humanidad son la matanza de Tlatelolco en 1968 y la masacre del Jueves de Corpus de 1971:

    http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_1968_en_M%C3%A9xico
    http://es.wikipedia.org/wiki/Matanza_del_Jueves_de_Corpus

    Es cierto que en la lucha contra el crimen organizado el numero de victimas es enorme y que muchos de los muertos son poblacion civil. Pero no se alcanza a percibir una situacion similar a la que existio en los eventos mencionados. A Calderon solo le queda 1 año de gobierno, y viendo la situacion actual, se mira muy dificil que su partido pueda repetir en el gobierno federal.

    En este caso me parece que lo mejor seria actuar con prudencia porque de repetir el partido que estuvo en el gobierno federal cuando se dieron los hechos mencionados, la Corte Penal Internacional sera la instancia a la que la poblacion civil podra recurrir en caso de emergencia.

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