11/3/17

Marcha #8MNuevoLeón en Monterrey - VIDEO

“Hoy aprendimos que la solidaridad es nuestra fuerza y que la sororidad nos acompaña en esta lucha feminista”


Cientos de mujeres participaron en la marcha y al finalizar en la Explanada de los Héroes
se compartieron mensajes de diferentes comunidades. Foto Realidad Expuesta.

Monterrey. Este 8 de marzo de 2017 mujeres trabajadoras, indígenas, trans, madres, hijas, migrantes de Nuevo León se adhirieron al Paro Internacional de Mujeres convocado por el movimiento de base Paro Internacional de Mujeres (parodemujeres.com), integrado por mujeres organizadas de más de 30 países. A pesar de que llovió por momentos, la asamblea #8MNuevoLeón llevó a cabo un paro activo de 4:00 a 8:00 p.m. en la Explanada de los Héroes, que incluyó talleres dirigidos al autocuidado, teatro popular, poesía y música. El cierre de la jornada, que buscó visibilizar las violencias ejercidas hacia las mujeres, fue una marcha por las calles del Centro de Monterrey que partió del y regreso al Palacio de Gobierno.




El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Cifras clave:
- 47% de las mujeres en México, mayores de 15 años, han sufrido algún tipo de violencia en su vida, ya sea sexual, física, económica o psicológica.
- 1.4 millones de mujeres padecen acoso sexual y 7910 mujeres están desaparecidas
- 7 mujeres son asesinadas diariamente en México
- En Nuevo León una mujer pierda la vida cada semana por ser mujer
(Fuente: 8MNuevoLeón)



A contraflujo en la calle Zaragoza, Centro de Monterrey. Imagen: Realidad Expuesta.
"Vivas y libres nos queremos".
A contraflujo en Av. Washington. Imagen: Realidad Expuesta.
La amenaza de más lluvia no fue un factor para detener la marcha.
A contraflujo en Zaragoza, pasando por la Macroplaza. Imagen: Realidad Expuesta
"Huye del macho progre" dice una de las cartulinas.
Entrando en la calle Morelos. Imagen: Realidad Expuesta.

Las mujeres en el mundo


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Música en el video: Bauchamp - Collage Rythme / Rebeca Lane - Ni encerradas ni con miedos

Rechazo a la Ley de Seguridad Interior


  • Exigen al Congreso de la Unión detener la aprobación de la Ley, ya que ésta legalizará el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública
  • Exhortan las y los legisladores a escuchar a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realizar un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.


El mes pasado-el 14 de febrero para ser exactos-, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia, dieron a conocer en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual busca dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país
 
El exhorto urgente de las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia 
al Congreso de la Unión es que detenga de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
 
La Ley de Seguridad Interior, explicaron, representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Por esta razón, aseguran, resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.
 

El retiro gradual de las tropas 

Académicos y representantes de las organizaciones civiles recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. En ese entonces, la CIDH consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. De la misma manera, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos.
 

Inconstitucionalidad

Otro aspecto que se señaló en la rueda de prensa es que legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. 
"Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional".
Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, las organizaciones y representantes de la Academia exigen al Congreso de la Unión que detenga la aprobación de la Ley.
"Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones".
Señalaron que la evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. 
"Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la 'guerra contra el narcotráfico' en México". (Informe Mundial HRW 2017).

Específicamente respecto a los abusos militares y la impunidad, Humans Righs Watch señala en su Informe Mundial 2017 sobre México:
"México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Hasta julio, la CNDH había recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2.000 durante el gobierno actual. Determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares".
Las organizaciones e integrantes de la academia insistieron en la necesidad latente de que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años.

En la rueda de prensa estuvieron presentes: Denise Dresser, politóloga y escritora; Tania Reneaum Panszi, Amnistía Internacional México; José Guevara, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Alejandro Madrazo, Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE; Pablo Girault, Consejero de México Unido Contra la delincuencia; Lisa Sánchez, México Unido Contra la Delincuencia; Luis Fernando Fernández, Colectivo #seguridadnomilitarizada; Mario Patrón, Centro ProDH; y Santiago Aguirre, Centro ProDH.



Algunas opiniones de especialistas, activistas y defensores de derechos humanos en la prensa:

¿Militares recluidos en cuarteles o interviniendo las calles sin restricciones? - Maite Azuela en Sin Embargo
"La prisa por entregarles un marco jurídico a las fuerzas armadas no es un asunto menor. A la víspera de la construcción de una Fiscalía General de la República en puerta, la presión para la aprobación de la propuesta del Diputado César Camacho del PRI para la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, no es casualidad. Sobra decir que sus contenidos ensanchan aún más la estrategia de seguridad que ha demostrado ser fallida. Si los estados de emergencia normalmente vulneran los derechos fundamentales y debilitan la división de poderes, este proyecto de Ley no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción".

¿Ley de seguridad interna? - Alejandro Anaya en La Silla Rota
"¿Realmente no hay de otra? Parte del problema es que, precisamente, no lo sabemos. Si estoy en lo correcto (es decir, si realmente no estamos seguros de que “no hay de otra”), entonces estaríamos tomando una opción en extremo riesgosa con base en un supuesto. Peligro. Antes de pensar en legislar, discutamos si realmente no hay opciones. ¿Qué pasaría si a partir de mañana regresan las Fuerzas Armadas a sus cuarteles? ¿Realmente estados, municipios, regiones o el país entero caerían de la noche a la mañana en las garras de la delincuencia organizada? ¿Sería realmente el fin del mundo como lo conocemos? ¿Qué no sería volver a como estábamos, digamos, en noviembre del 2006? ¿Era realmente peor entonces? ¿Qué pasaría por otro lado si, de súbito el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales se enfrentan cara a cara con la urgente necesidad de ahora sí construir instituciones? ¿Y qué pasará si les seguimos dando aire y tiempo para no hacer nada? No estoy seguro de que un transitorio que establezca límites de tiempo realmente elimine los incentivos perversos que en éste último sentido ha tenido este tipo de subsidiariedad en materia de seguridad pública en México".

Cuidado con las iniciativas sobre seguridad interior - Tania Ixchel Atilano en Animal Político
"Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por 'resistencia no agresiva', ¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?".
Seguridad interior y víctimas - Miguel Concha en La Jornada
"A 10 años del inicio de la escalada de la violencia, ahora epidémica, así denuncian las víctimas la ausencia de autoridad y estado de derecho en el actual contexto de macrocriminalidad. Mientras, expertos comentan la más reciente, pero recurrente queja, del secretario de la Defensa: urge un marco jurídico a las fuerzas armadas para seguir siendo los policías que no quieren ser. El argumento más inquietante, pues pareciera que piden una ley de obediencia debida, se refiere a que, si no los regulan, se les podrá imputar responsabilidad por las violaciones a derechos humanos que han cometido en la ilegalidad con que actúan. Serviciales y veloces, derrotados en sus obligaciones constitucionales y sometidos a su propia incapacidad, los representantes de las autoridades civiles, lastimosamente legisladores federales, se aprestaron a prometer a los militares la regulación de la seguridad interior, eufemismo más mentado de seguridad pública, para con ello legalizar la violación y desnaturalización de los artículos constitucionales 21, 29, 129 y 89, fracción VI, referida a la seguridad nacional, que no se atreven a reformar".
Seguridad Interior: ¿México bajo espionaje militar? - Por Carlos Brito y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en Animal Político
"...es indispensable que en caso de expedirse una Ley de Seguridad Interior, se elimine cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia para la atención de amenazas a la seguridad interior. Además, cualquier medida de vigilancia que lleve a cabo alguna autoridad civil debe estar regulada de conformidad con estándares de derechos humanos como la autorización judicial que evalúe su necesidad y proporcionalidad, así como contar con mecanismos de rendición de cuentas como la transparencia, la supervisión independiente y el derecho de notificación".


¿Seguridad Interior para quién? - Edgar Cortez para Somos más 99
"Creo que el debate tendría que colocarse en otras coordenadas. No aprobar ninguna ley de seguridad interior. Sí establecer un plan preciso y medible de desarrollo de policías civiles profesionales, establecimiento de sanciones a las autoridades ejecutivas que no cumplan con esa tarea. Mientras que para atender a las problemas extraordinarios de seguridad y violencia, se tendría que aprobar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para declarar afectación y suspensión de derechos, con fuertes medidas de control".

Militares, derechos humanos y seguridad interior - José A. Guevara para Nexos
"La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho".

Preguntas civiles - Denise Dresser en Reforma
"13) Si todos repiten que la prioridad es eventualmente ceder la protección de civiles a la Policía, ¿por qué la Ley de Seguridad Interior propuesta no toca el tema de cómo fortalecerla, limpiarla, entrenarla? ¿Por qué no se contemplan vías para que las Fuerzas Armadas sean accesorias a las fuerzas civiles y no al revés?"


16/2/17

El legado de Miguel Nava / opinión de Alejandro Vizcaya

Con 22 votos a favor, Roxana de Jesús Ávalos es la nueva defensora de derechos humanos de Querétaro. Así lo celebra y aplaude la sociedad queretana, luego del saldo de denuncias y conflictos laborales que dejó a la Defensoría de Derechos Humanos su anterior titular.

Hoy Nava es historia, de esa que nadie quiere recordar. Todo mundo está ansioso por pasar a la siguiente página. Pero la historia nos dice que no hay que olvidarla so riesgo de repetirla.
No hay que olvidar que el legado de Nava no sólo consiste en la inmensa cantidad de pendientes, opacidades e irregularidades que deja detrás, sino en las prácticas y modos de operar que quedaron interiorizados en gran parte del personal de la Defensoría.

Oficinas de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.
Imagen tomada de Google Maps

La violencia de la que tanto se supo a finales del año pasado  y que le valió a Miguel Nava ser considerado como no apto para seguir al frente del organismo, no habría sido posible de no ser por el actuar de sus principales operadores; que, por cierto, son de los primeros interesados en el borrón y cuenta nueva.

Pero lo que no podemos obviar es que la salida de Nava no es ni garantía de no repetición ni garantía de justicia, porque quedan a bordo los ejecutores de sus decisiones. Luego entonces, la rendición de cuentas no termina en el titular. En especial ante las denuncias de acoso por parte de todavía hoy empleados de la Defensoría.

Las ciudadanas y ciudadanos nos pronunciamos porque se cumpla con la investigación que ahora compete a la nueva titular de la Defensoría. Porque no investigar sería perpetuar las prácticas violentas, convertirse en cómplice y en última instancia apostar por la impunidad.

Si algo positivo nos dejó el caso Nava, por otro lado, es el aprendizaje de que una ciudadanía participativa y vigilante puede destituir tiranos cuántas veces sea necesario. Con la creación del nuevo observatorio de derechos humanos podremos estar más  pendiente de lo que pase al interior de la Defensoría.  Optar por el "aquí no pasó nada" y el olvido sería un terrible comienzo. Confiamos en que no será el caso.

por Alejandro Vizcaya
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Estas son algunas de las denuncias públicas que han realizado trabajadoras/es y ex trabajadoras/es
de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro durante la presidencia de Miguel Nava Alvarado.
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CONTENIDO RELACIONADO

  • Los cabos sueltos del caso Nava Alvarado / opinión de Yuriria Pérez (LEER)

19/1/17

Vive Monterrey crisis ambiental por la mala calidad del aire - ENTREVISTA

6 mil personas muertas cada año***. Esa es la cifra, según el gobierno del Estado, que se podría evitar si la capital neolonesa tuviera buena calidad del aire, pero parece difícil de alcanzar cuando actualmente estamos en los primeros lugares -de todo el país- de contaminación atmosférica ¿Qué es lo que estamos respirando? ¿Cuáles son las fuentes de emisiones contaminantes? ¿Qué está haciendo el gobierno estatal para mejorar la calidad del aire? Verificación vehicular, Hoy No Circula, la tenencia, pedreras, PEMEX, salud pública, automóviles, y presupuesto público fueron algunos de los temas que se tocaron en esta entrevista a Alfonso Martínez Muñoz, subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Nuevo León.

VERSIÓN RESUMEN EN FACEBOOK (11:00)



VERSIÓN COMPLETA EN YOUTUBE (46:18)


Algunos documentos recomendados para más información:
- Propuestas de acciones de la Mesa de Calidad del Aire (Agenda Ambiental Ciudadana, 2015) - (VER).
- Situación histórica de la calidad del aire en Monterrey (El Poder del Consumidor, Noviembre, 2015) - (VER).
- Calidad del aire en Nuevo León y primeras estrategias (Secretaría Desarrollo Sustentable, 2015) http://bit.ly/2jdTLcJ
- Datos y bibliografía compartidos por Alfonso Martínez sobre la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey - (VER).


Entrevista realizada el 13 de enero de 2017 por:
Ximena Peredo y David Pulido

Imágenes y edición:
Realidad Expuesta

Monterrey, el reino del auto. Imagen de Pueblo Bicicletero


*** ACTUALIZACIÓN 26 de enero 2017
El miércoles 25 de enero, Alfonso Martínez contactó a Realidad Expuesta para corregir la cifra de muertes en Monterrey y su área metropolitana relacionadas con la mala calidad del aire. En lugar de 6 mil, el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales aclaró que son 4 mil 700 personas, cifra tomada de un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, titulado "Evaluación del impacto en salud por exposición a contaminantes atmosféricos en 26 ciudades de México".

*** ACTUALIZACIÓN 1º de febrero 2017
El miércoles 1º de febrero de 2017 Alfonso Martínez contactó a Realidad Expuesta para corregir -por segunda ocasión- la cifra de muertes en Monterrey y su área metropolitana relacionadas con la mala calidad del aire. Mencionó que personal del Instituto Nacional de Salud Pública le aclararon que de los datos obtenidos en el estudio "Evaluación del impacto en salud por exposición a contaminantes atmosféricos en 26 ciudades de México", se puede afirmar que son 2764 personas que fallecen por causas relacionadas por la contaminación del aire.




10/1/17

Los cabos sueltos del caso Nava Alvarado / Opinión de Yuriria Pérez*


Lo más inexplicable del caso no es que el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos queretana, Miguel Nava Alvarado, haya sido señalado múltiples veces desde el inicio de su gestión por manejo inadecuado de dinero público, negligencia en la investigación de casos, falta de transparencia y maltrato al interior de la dependencia que preside. Esa historia ya la conocemos, los medios locales la tienen documentada.
Tampoco es nuevo que cada vez que una irregularidad se ventila pida entrevistas, convoque a  los medios y dirija mensajes señalando supuestos responsables de sus males. Ya ha acusado a la Entidad Superior de Fiscalización de no buscar con tanto empeño irregularidades en otras dependencias públicas (como si eso hiciera menos ciertas o menos graves sus faltas), a los medios de comunicación de querer desprestigiarlo y a sus ex empleados de mentir para perjudicarle. Esta vez los culpables que eligió son el Poder Ejecutivo del Estado y la Legislatura por querer hacerle un “proceso viciado” para poner un defensor “a modo”. Hasta aquí es un caso típico.
Lo que sale del canon, es la manera en la que en esta ocasión ha intentado desacreditar a las personas, colectivos y organizaciones que le denuncian. Hasta ahora, Nava se había cuidado de no hacerlo directamente, porque sabe que explicación no pedida es culpabilidad manifiesta. Se había limitado a criminalizar de manera indirecta a los denunciantes, con mensajes a través de las cuentas personales de sus allegados y de uno que otro simpatizante.
Pero conforme avanza el tiempo para la deliberación de su reelección, aparecen cada vez manifestaciones más directas hacia algunas de las mujeres cuyas denuncias son públicas. Ciberataques que difícilmente pueden venir de otra parte, pues frente a denuncias tan específicas, ¿quién, además del denunciado, tendría interés en insultar a las víctimas? Llamativamente, muchas de estas manifestaciones se han hecho desde las cuentas personales de los empleados de la Defensoría y con material audio visual que sale de la propia institución. Esto es grave. No solamente por la utilización de recursos públicos para fines diversos a los debidos; sino porque, de ser ciertas las acusaciones, estaríamos hablando de estigmatización, revictimización y acoso de personas, hecha por servidores públicos nada más y nada menos que desde el organismo creado para velar por los derechos humanos; es decir, el uso del aparato estatal para  dañar a particulares y manipular información de interés público.
Llama la atención, y mucho, el empeño con el que el propio Nava y sus allegados intentan a toda costa invalidar las denuncias. Como si fuera más importante limpiar su imagen que dar resultados. Como ignorando que si el trabajo del titular de la Defensoría de Derechos Humanos fuera contundentemente bueno, no tendrían que hacer toda una campaña para demostrarlo. ¿Cuándo se ha visto que Peña y Nuño, el mismo Duarte, o sus gabinetes, abran peticiones de Change.org a favor de ser exonerados? Estos son personajes que provocan la animadversión de millones y no se desgastan tanto tratando de desmentirles. ¿Por qué empecinarse en unas cuantas denuncias en este caso?
La defensa de su inocencia y de su desempeño como servidor público se ve tan forzada que, ya de entrada, levanta sospechas; pero responder una a una a las víctimas de casos tan diversos con infografías, con ruedas de prensa y con acciones que ameritan el empleo de recursos públicos, eso es lo inédito. ¿Por qué tantas explicaciones que no suenan a explicaciones sino a acusaciones? Una de las hoy denunciantes ya fue demandada penalmente por la Defensoría y el juez concluyó el expediente luego de advertir inexistencia de delito y uso indebido de instancias penales para perseguir particulares. Aun así se afana en desacreditarla. ¿Por qué? En el México de Mireles, de Jacinta, de Mario Luna y de tantos defensores criminalizados, la pregunta no puede quedar abierta. La insistencia en desacreditar a las víctimas no es un asunto banal.
Con cada intento de réplica, el todavía titular de la Defensoría se evidencia más. Pero más allá de lo burdo de sus respuestas mediáticas y virtuales, la insistencia en exponer a sus víctimas, una y otra vez, incluso a aquellas que ni siquiera han hecho denuncias, hace preguntarse ¿qué es tan importante ocultar para hacer uso del poder del Estado en aras de deslegitimar las denuncias? Pero sobre todo, distrae la atención de los cabos que han ido quedando sueltos en este caso.

¿Cuáles son los verdaderos resultados de la Defensoría y cuántos de éstos fueron hechos por ex empleados que hoy son perseguidos? ¿Por qué no hay suficiente personal debidamente capacitado al frente de la Coordinación de Atención a Víctimas? ¿Qué acciones jurídicas se han realizado a partir de las observaciones de la Entidad Superior Fiscalizadora?  ¿Cuáles son los dos medios de comunicación locales que reciben chayo de la Defensoría? ¿Quiénes son los empleados de la Defensoría afiliados a la asociación Querétaro Democrático y Ciudadano que este año intentó registrarse como partido político? ¿Qué funciones desempeñan en el organismo público y cuánto ganan? ¿A dónde se ha ido el dinero que Nava no ha comprobado? ¿Cuándo se va a hacer una auditoría externa? ¿Cuál es el perfil del recién nombrado Visitador General de la Defensoría? ¿Cómo se atan los cabos sueltos del caso Nava Alvarado? Todas las preguntas son líneas de investigación para el periodismo que la ciudadanía verdaderamente merece.

*Yuriria Pérez es activista y académica del Tecnológico de Monterrey Querétaro

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Al menos 404 personas han firmado la petición en línea "No a la reelección del actual titular de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro" dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Junta de Concertación de Queréraro y la LVIII Legislatura de Querétaro, a través de la cual se exige: 
  1. Realizar una auditoría inmediata respecto del ejercicio de recursos públicos otorgados a la Defensoría.
  2. Investigar de manera urgente las condiciones de trabajo de su personal.
  3. Ser efectiva representante de la ciudadanía y de sus demandas de no reelegir al actual titular de la Defensoría, pues hacerlo es un riesgo para todas las personas en el Estado.


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