19/11/14

Tribunal Permanente de los Pueblos en México presenta sentencia 'a la sombra de Ayotzinapa'

La audiencia final del TPP México se llevó a cabo en el Distrito Federal del 12 al 15 de noviembre. Foto:
Del 12 al 15 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.

La Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos "representa la conclusión de un largo camino que empezó el 21 de octubre de 2011 con la presentación del acto de acusación en una sesión pública en la UNAM y que se ha desarrollado a través de siete audiencias temáticas y tres transtemáticas dedicadas a explorar de manera sistemática y juzgar el espectro complejo y dramático de las violaciones de los derechos fundamentales de los pueblos que han ocurrido a lo largo del periodo específicamente considerado en los procedimientos del TPP: 1982-2014".

El documento de sentencia integra los siguientes temas 

i) La evolución de la dependencia de México con Estados Unidos y el rol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

  • La transformación de la estructura productiva de México,
  • Las transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
  • La genealogía de la economía criminal y el narcotráfico en México,
  • La economía criminal y la criminalización de la economía.
ii) La rebelión del dolor en México
  • Violencia estructural, ambiental y directa en el TPP México, 
  • Exclusión social, migración y violencia,
  • Entender la dinámica de la violencia,
  • Feminicidio y condiciones de vida de las mujeres, 
  • La especificidad de la violencia de género en México, 
  • Las víctimas y sobrevivientes, 
  • Aceleración del impacto y consecuencias a largo plazo, 
  • Comunicación, violencia y miedo, 
  • Rol del Estado y desmantelamiento de derechos, 
  • Hacer frente al impacto de la violencia,
  • Justicia y lucha contra la impunidad
iii) La lógica estructural del ataque al derecho de los pueblos en México

iv) Denuncias presentadas en los sistemas internacionales y regionales con respecto a la situación en México
  • Organismos dependientes de Naciones Unidas
  • Denuncias presentadas ante el Sistema Interamericano.
v) Calificación jurídica de los delitos cometidos en el contexto del ataque estructural a los derechos de los pueblos en México
  • Crímenes de lesa humanidad, 
  • Derechos Civiles y Políticos, 
  • Derechos económicos, sociales y culturales, 
  • Derechos laborales y sindicales, 
  • Derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, 
  • Derecho a la salud, 
  • Derecho a la alimentación, 
  • Derecho a la educación, 
  • Derecho al medio ambiente, 
  • Derechos colectivos de los pueblos indígenas, 
  • Cuadro general de impunidad, 

vi) Sentencia. El establecimiento de responsabilidades. 

  • Responsabilidad del Estado Mexicano, 
  • Responsabilidad de empresas transnacionales, 
  • Responsabilidad de terceros Estados, 
  • Señalamiento sobre la responsabilidad de instituciones internacionales, 
vii) Recomendaciones
  • Organismos Internacionales y Regionales,
  • Sociedad civil internacional y medios de comunicación internacionales,
  • Sociedad civil mexicana,
  • Avanzar en la Refundación de México, 


Nuevo León
En cuanto a hechos ocurridos en la región, en la sección Exterminio la sentencia destaca la falta de procuración de justicia en "el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados, abandonados en una carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos (2012)". De igual forma, en la sección de Medio Ambiente se señala el conflicto alrededor de ocho grandes proyectos de transferencia de aguas entre cuencas en México, como "el proyecto Monterrey VI, para trasvasar el cauce del río Pánuco, entre los estados de Tamaulipas y Veracruz hacia Nuevo León, fundamentalmente para la extracción de gas de esquisto".


A la sombra de Ayotzinapa
El documento incluye una introducción que contextualiza la presentación de la sentencia con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero:
"Los días de esta Audiencia Final del Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más crítico en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la Audiencia Final del TPP-México. Con todo el impacto del dolor y la documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México: son la expresión dramática, real y simbólica, de la actualidad y de la significación de las propuestas del TPP. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se están manifestando en todo el país: el juicio que aquí se presenta sobre causas y responsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos.  
"Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado".

10/11/14

Realizan #AcciónGlobalporAyotzinapa en Monterrey (VIDEO Y FOTOS)


Cientos de personas -se calcula entre 600 y mil personas-, en su mayoría estudiantes, participaron la tarde del 5 de noviembre en la marcha y manifestación realizada por calles del Centro de Monterrey, una acción ciudadana que buscó sumarse a las decenas de ciudades en México y el mundo donde también se exigió justicia y que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la manifestación pacífica también se hizo visible la problemática de las y los desaparecidos en el estado de Nuevo León, a través de familiares de víctimas de desaparición.


VIDEO - #AcciónGlobalporAyotzinapa en Monterrey





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31/10/14

¿Quién va a contestar las dudas sobre la Policía Militar en Nuevo León?

Según la CNDH, entre 2007 y 2012 recibió 7 mil 350 denuncias de abusos militares
Foto: Cuartoscuro


¿Quién nos va a contestar?



OPINIÓN INVITADA / Consuelo Morales


31 Oct. 2014

La semana pasada el Gobierno estatal anunció la creación de una Policía Militar para la Cuarta Región Militar, que abarca Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

La información la dio el Secretario de Finanzas tras sostener una reunión con los Alcaldes metropolitanos.

Al día de hoy sabemos que habrá una inversión de 420 millones de pesos que aportarán los Gobiernos de esos Estados, empresarios, municipios de Nuevo León y la Sedena.

Datos de El Norte (22 de octubre, 2014).


También sabemos que en noviembre inicia la construcción de un nuevo cuartel en las instalaciones de la Séptima Zona Militar, en Escobedo, donde estarán los 3 mil 200 militares que componen esta unidad.

Al hacer el anuncio, las autoridades explicaron que la Policía Militar es un nuevo esquema que se implementará en el Estado consistente en el despliegue de elementos de instrucción militar, pero bajo un modelo de Policía civil con atribuciones para operar en todo el territorio nacional, hacer patrullajes y realizar detenciones.

La "explicación" que estos actores han dado con respecto a la instauración de esta Policía Militar es que servirá para reforzar la seguridad en estas entidades, especialmente en Nuevo León, argumento que desde nuestra perspectiva resulta contradictorio.

¿Por qué contradictorio? El Gobierno estatal ha presumido por todas partes su esquema de seguridad y su modelo policial de Fuerza Civil.

Tan sólo cinco días después de que se hizo el anuncio, en la Junta Nacional de Secretarios Ejecutivos de Seguridad Pública, donde se analizó la posibilidad de aplicar el modelo de Fuerza Civil en todo el País, el Gobernador Rodrigo Medina los llamó a no escatimar en esfuerzos ni dinero para fortalecer las corporaciones policiales.

Jorge Domene, jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, afirmó ante medios de comunicación que la Policía Militar es una iniciativa de la Sedena, que es una estrategia nacional y que decidieron tomar como primer caso Nuevo León.

¿Por qué Nuevo León? ¿Por qué necesitamos seguridad militar si desde el año pasado el Gobierno estatal afirma que Nuevo León ha regresado a ser el lugar seguro que era antes?

La explicación de que la Policía Militar se debe a un reforzamiento en la seguridad nos parece absolutamente insatisfactoria.

Por otro lado, no podemos perder de vista las recomendaciones que organismos internacionales han dado a México sobre la militarización.

El Comité de Derechos Humanos, el Relator sobre Tortura, el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias -todas éstas instancias de Naciones Unidas- y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras organizaciones internacionales no gubernamentales como Human Rights Watch, han declarado que la militarización en México ha provocado muchas y graves violaciones a los derechos humanos, y han exhortado al Estado a retirar a los militares de las calles.

Es una falacia que más militares en las calles resulten en más seguridad.

Entre más analizamos este tema, más interrogantes surgen.

Por ejemplo ¿en qué modelo de seguridad se van a basar para asegurar que el esquema de la Policía Militar se apegue al respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los ciudadanos?

¿Qué entrenamiento especial tendrá esta Policía Militar para proteger e interactuar con las y los ciudadanos? ¿Cuáles serán sus funciones generales y específicas? ¿Bajo qué marco legal actuarán? Tenemos muchas dudas.

Es imperativo que los y las ciudadanas reflexionemos profundamente sobre el impacto que esta Policía Militar tendrá en nuestro Estado.

Nos parece increíble que este proyecto tan delicado se esté tomando, desde nuestro punto de vista, tan a la ligera por las autoridades.

Explicaciones así, epidérmicas y simplistas, nos parecen insuficientes.

Si nosotros, la sociedad civil, no hacemos estas preguntas, entonces ¿quién las hará?


La autora es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC).


direccion@cadhac.org




Editorial publicado en el periódico El Norte el 31 de octubre de 2014.

11/9/14

Presentan 'camino' hacia políticas de drogas eficaces


"La realidad en 2014 es que los gobiernos y la sociedad civil no se limitan a hablar, sino que muchos están pasando a la acción. La reforma de las políticas de drogas se está desplazando desde el ámbito de la teoría a la práctica".

El 9 de septiembre de 2014 la Comisión Global de Políticas de Drogas presentó su más nuevo reporte: "Asumiendo el control. Camino hacia políticas de drogas eficaces".

En este informe la Comisión propone una amplia hoja de ruta para asumir el control de las drogas.
"Reconocemos que los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo han fracasado enfáticamente. La aplicación de este modelo ha tendio como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo. Los daños a la salud derivados del consumo de drogas no han disminuido, sino que incluso han empeorado. La Comisión Global de Políticas de Drogas aboga por un enfoque centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo".
El reporte se divide en tres partes: 1) La 'guerra contra las drogas' ha fracasado - surgen nuevos enfoques; 2) Caminos claves hacia políticas de drogas eficaces; 3) Liderazgo mundial para políticas más humanas y efectivas.

Personajes como Jorge G. Castañeda felicitaron a la Comisión por la publicación del reporte y cuestionó la falta de visión del ex presidente Felipe Calderón.
"Ojalá Felipe Calderón hubiera leído estas recomendaciones antes de iniciar su guerra contra las drogas. Es una réplica directa a la postura de Calderón y de Estados Unidos. La guerra produce la violencia, no al revés", afirmó el ex diplomático mexicano en su editorial para el diario Reforma.
Castañeda destaca que el cambio "más significativo entre este informe y los anteriores es la sección sobre la regulación de los mercados de drogas para darles control a los gobiernos.
"La clave aquí es la palabra 'drogas'. Hasta ahora la Comisión Global enfocó sus esfuerzos en la mariguana, pensando que la despenalización del consumo de esa sustancia era más factible en el corto plazo. Pero sabía que la mayoría de los argumentos esgrimidos a favor de la mariguana son aplicables a las demás drogas", explicó el también académico.

RECOMENDACIONES CLAVE DEL REPORTE.
  • Poner a la salud y la seguridad de las comunidades en primer lugar requiere una reorientación fundamental de las prioridades políticas y los recursos, que deje de lado las fallidas leyes punitivas e impulse intervenciones en el campo de la salud y sociales basadas en evidencia.
  • Se debe asegurar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales, en particular a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.
  • Es preciso poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de imponer “tratamientos obligatorios” a las personas cuyo único delito es el consumo de drogas o su posesión.
  • Se debe optar por alternativas al encarcelamiento para los infractores no violentos y de los eslabones más bajos de la cadena, como lo son los campesinos, mulas y otros involucrados en la producción, transporte y venta de drogas ilícitas.
  • Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado.a
  • Se deben permitir e incentivar distintos experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas empezando, entre otras, por el cannabis, la hoja de coca y ciertas sustancias psicoactivas nuevas.
  • Se debe aprovechar la oportunidad que presenta la UNGASS de 2016 para reformar el marco internacional de políticas de drogas.


La Comisión Global de Políticas de Drogas tiene como propósito llevar al plano internacional la discusión científicamente fundada acerca de las maneras humanitarias y efectivas de reducir los daños causados por las drogas a las personas y la sociedad.

Entre sus objetivos se encuentran: a) Revisar los supuestos básicos, la efectividad y las consecuencias del abordaje de la “guerra contra las drogas”; b) Evaluar los riesgos y beneficios de diferentes respuestas nacionales al problema de las drogas; c) Desarrollar recomendaciones factibles y basadas en evidencias para una reforma constructiva legal y de políticas.

Entre algunos de sus miembros de encuentran personajes como Kofi Annan, ex Secretario de la ONU; Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente de Brasil; César Gaviria, ex Presidente de Colombia; Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile; George Papandreou, ex Primer Ministro de Grecia; Jorge Sampaio, ex Presidente de Portugal; George Shultz, ex Secretario de Estado norteamericano; Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y Ernesto Zedillo, ex Presidente de México (acusado en EU de crímenes de lesa humanidad).

Exhuman presuntos restos de mujer desaparecida en Nuevo León

Peritos del equipo peruano de Antropología Forense y de la PGJE-NL encabezaron el 10 de septiembre de 2014 la exhumación de los presuntos restos de Brenda Damaris González Solís en el Panteón Santo Cristo, en García, NL.

Compartimos el comunicado íntegro emitido el 10 de septiembre de 2014 por la organización ciudadana Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León:


Exhumación de presuntos restos de Brenda Damaris González Solís desaparecida en Nuevo León

Hoy, tras casi 2 años de haber solicitado a las autoridades de Nuevo León una segunda prueba de ADN a los restos que presuntamente corresponden a Brenda Damaris González Solís, hemos logrado que esta prueba se haga realidad.

Desde octubre de 2012 y hasta la fecha la familia González Solís y miembros de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León solicitamos por todos los medios legales posibles la exhumación de los restos entregados a la familia y la toma de muestras de ADN por un perito independiente para que se realizara un segundo cotejo en un laboratorio independiente.

Brenda Damaris Gonzáles Solís fue desaparecida el 31 de julio de 2011 en el municipio de Santa Catarina Nuevo León. Tras sufrir un percance vial ella se comunicó con su familia para informarles del accidente, en el transcurso de la llamada ella informó que estaba llegando una patrulla de Tránsito de la policía municipal y corto la llamada. Desde entonces no se sabe su paradero y las investigaciones del caso por parte de la Procuraduría Estatal han sido insuficientes para esclarecer los acontecimientos. No existe ningún detenido en las averiguaciones a pesar de que se tiene identificados a dos policías de Tránsito que estuvieron presentes en el lugar del accidente.

El vehículo donde transitaba Brenda Damaris fue encontrado fuera de la cinta asfáltica y con impactos de bala.

En la primera semana de octubre de 2012 la familia de Brenda Damaris acudió al paraje La Huasteca en Santa Catarina ante la información de que había sido hallada una fosa con cuerpos humanos. En ese lugar fueron amenazados con detenerlos por parte de elementos del Ejército Mexicano que incluso alegaron que la manta con la foto de Brenda Damaris era una “narcomanta”. Unos días después de este acontecimiento la señora Juana Solís Barrios, madre de Brenda Damaris, fue informada del hallazgo de restos humanos que aseguraron correspondían a su hija.

Entre las irregularidades de la investigación se pueden mencionar las siguientes: La llamada donde informaron a la familia no fue realizada por la Procuraduría de Justicia estatal sino por una Organización de Derechos Humanos.

La entrega de los restos en el Servicio Médico Forense del Hospital Universitario fue realizada en una bolsa de plástico negra y no permitieron ver los restos.

Se solicitó de manera imperativa a la familia González Solís no fueran velados los restos, que fueran incinerados y que se trasladaran directamente a la funeraria. La familia no aceptó la incineración.

La Procuraduría asegura en su dictamen pericial que los restos encontrados fueron entregados al Servicio Médico Forense en dos bolsas, en una de las cuales se encontraban dos cráneos humanos, por lo que queda constancia de que los restos fueron revueltos al hacer el levantamiento.

La Procuraduría en el dictamen pericial informa que fueron revisados restos de dos personas, una del sexo masculino en la que determinaba un tiempo estimado de muerte de 4 a 6 meses y una del sexo femenino con un tiempo estimado de muerte de 10 a 12 meses. Los restos humanos fueron encontrados el 17 de octubre de 2011 por lo que se estima la muerte entre octubre y diciembre de 2010 siete meses antes de que desapareciera Brenda Damaris.

El Servicio Médico Forense no señala causa de muerte alegando que los restos no permiten obtener una conclusión al respecto, reforzando el tiempo estimado de la muerte.

Las ropas con las que fueron encontrados los restos, y que fueron desechadas por la Procuraduría, no fueron reconocidas por la familia ni en el aspecto ni en la talla de Brenda Damaris.

Ante estas y otras irregularidades, como el que en acta de defunción se haya colocado que la persona a la cual pertenecen los restos “murió en su domicilio”, la familia acudió a dos opiniones técnicas para que informaran si lo actuado por la Procuraduría se podía dar como válido totalmente, la conclusión de las opiniones técnicas fue que existía una duda razonable sobre la identidad de los restos.

Los peritos independientes que apoyaran en la exhumación de los restos forman parte del Equipo Peruano de Antropología Forense y cuentan con certificación de la Corte Internacional de La Haya. El análisis de las muestras obtenidas será realizado por la organización Gobernanza Forense Ciudadana cuyos miembros han participado en casos similares en distintos países.

El objetivo de esta segunda prueba, en ejercicio de los derechos a que tiene la familia según la Ley Federal de Atención a Víctimas, es dar certeza acerca de la identidad de los restos entregados por el Gobierno de Nuevo León a la familia González Solís. Asimismo garantizar que la Procuraduría Estatal cumpla en adelante con todos los protocolos de identificación de restos reconocidos por el Estado Mexicano.
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Integrantes de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León hablan ante de la prensa.

Peritos realizan la exhumación en el panteón Santo Cristo, en el municipio de García, NL.